El extraño Estado de Derecho de Alberto

Al igual que ese amigo de la adolescencia que, cuando ya todos se iban a dormir, preguntaba “qué está abierto a esta hora” para seguir el derrape en continuado, pareciera que el Presidente se encuentra en una gira que nadie se atreve a frenar. Un día contradice a su ministro de Educación y a su ministra de Salud respecto de la presencialidad de las clases y su vínculo con los contagios en pandemia, doce horas después se la agarra con las madres de los chicos, culpa a los que poseen discapacidades o capacidades diferentes y termina matoneando oralmente a los que quieren rebelarse a una normativa que él mismo afirmó que es inconsulta. 

No entiendo bien cómo funcionaba la Facultad de Derecho cuando el hombre cursó sus estudios, pero hasta donde tengo entendido se egresaba con el título de abogado y no con el de médico infectólogo, epidemiólogo, sanitarista, economista y pedagogo. ¿Cómo es que toma una decisión de este tipo en soledad? Fácil: no fue una decisión sino un acatamiento. 

En su agobiante camino hacia la nada el Presidente preside solo en sus declaraciones públicas. Busquen alguna gestión de lo que se les antoje de alguno de los veinte ministros, jefatura de gabinete, 109 secretarías, 218 subsecretaríass y más de dos mil direcciones y coordinaciones. Mencionen alguna que sea relevante por fuera del contexto que atravesamos. 

Y si el Presidente desoye a su ministra de Salud y hace quedar como un pelotudo a su ministro de Educación, imaginemos lo estúpidos que fuimos los que alguna vez decíamos que no se debe elegir entre salud y economía y que se debía sumar al gabinete económico a la mesa interdisciplinaria para la gestión de la pandemia. Ahí estamos, sin salud ni economía. 

Ni siquiera pueden zafar de quedar como langas idiotas a los que hoy se les descubre que perdieron la posibilidad de conseguir vacunas de Pfizer y se las quedó Uruguay tras una larga negociación de… 24 horas. Y mejor no hablar del fondo Covax de la OMS por el cual nos correspondían otras nueve millones y pedimos el 10%.

Ya resulta un abstracto pensar, a esta altura de los acontecimientos, en la capacidad de gestión de la pandemia. Si sigo la línea de lo dicho arriba, ya ni podemos hablar de la capacidad de gestionar a secas. Pero se enoja, con todos se enoja menos con una persona. Todos somos culpables de las falencias del rey de lo contrafáctico, el que siempre dice “si no hubiéramos hecho esto, el resultado habría sido peor”. Y es lo que dirá en una semana, suban o bajen los contagios, da igual. 

En una suerte de comportamiento de macho alfa el hombre se la agarra con cualquiera y no le queda ni un apoyo que no sea el de dos funcionarios menores y los tuiteros que hasta hace dos años lo trataron de traidor massista. Tantea a los gobernadores, le dan la espalda; menciona al Papa Francisco y la Iglesia lo surte con un comunicado; se refiere a las medidas de Europa y Unicef le recuerda que no somos el primer mundo, como si hiciera falta para saber que, en un país en el que 6 de cada 10 chicos es pobre, la Escuela es algo más que un lugar de aprendizaje. 

De todos modos debo reconocer que Albert nos hizo un favor, dado que al próximo que diga que “opinamos sin ser infectólogos” le podemos dar un besito en el codo para luego recordarle que el Presidente reconoció que adoptó la decisión en soledad mientras transitaba el aislamiento obligatorio por su cuadro de coronavirus, tiempo en el que “estudió cómo es el movimiento que se genera en la sociedad con la educación presencial”. Tomá, Facultad de Medicina. 

No está mal que cualquiera opine, de hecho es nuestro eslogan patriótico y un juramento que hacemos junto con el de la bandera: Juráis a la Patria, seguir constantemente su bandera y defenderla hasta perder la vida y, ya que estamos, decir lo que antoje en gana, sin importar si tenéis alguna remota idea de la materia sobre la que estáis opinando. Pero otro cantar es que el Presidente opine y de su opinión haga un Decreto. Y según su opinión la curva de contagios se fue a la mierda por culpa de algo que ni su ministra de Salud ni las autoridades sanitarias de la mismísima provincia de Buenos Aires sostienen: los contagios en el aula. 

El drama de una educación deficiente es que la padecemos todos. Por cuestión de derechos, todos votamos. Ahora, de ahí a saber qué votamos y por qué, hay un largo trecho. Parte de la educación consiste en enseñar a los alumnos a ejercer sus derechos y, en el camino, a quién reclamar su cumplimiento. Un presidente tiene obligaciones distintas a las de un gobernador y a las de un intendente. Lo mismo sucede entre un diputado nacional, uno provincial, un senador, un concejal y un largo listado de funcionarios a los que pocos saben qué se les puede exigir. Cuando un habitante de una localidad equis aplaude al presidente de la Nación por la inauguración del asfaltado de una avenida, demuestra que no tiene idea de que lo están estafando en la cara y que sus impuestos nadie sabe a dónde fueron a parar, como así tampoco sabe qué hizo con el dinero recaudado el señor intendente.

El sistema es perverso. Cuanto más falla la educación, más inútil resulta la democracia. En la larga debacle fuimos testigos de cómo una generación mal educada educa peor a sus vástagos y la única forma de revertirlo es educando a conciencia y con las escuelas en funciones. Sí, las escuelas, ese lugar en el te enseñan un montón de cosas, pero también donde se aprenden las bondades del sistema tripartito del Poder, para qué sirve cada uno, la diferencia entre legal y legítimo, cómo se puede reclamar la satisfacción de derechos sin estropear los derechos de los demás, y el sistema de derechos del hombre, entre los que figuran en igualdad de condiciones el derecho al salario digno y el derecho a la educación.

Así, en el extremo final de una serie de eventos desafortunados, se construye un ascensor hacia el infierno cívico: si te quitan la educación quién te va a ayudar a diferenciar qué es un derecho y qué es un beneficio.

Este es un punto jodido: confundir una conquista con un otorgamiento y los beneficios con derechos. No siempre que hay una necesidad nace un derecho. Si fuera un cocainómano nadie pone en duda que el Estado no tiene por qué brindarme acceso a la merca. Todavía.

Y eso que nuestra Constitución no es una maravilla, menos desde que le metieron instituciones del parlamentarismo europeo a un código de base americana presidencialista. De hecho contempla derechos que en buena parte son de una aplicación absolutamente subjetiva: ¿Quién define cuáles son los parámetros de “una vivienda digna”? Lo que es digno para mí puede no serlo para usted. ¿Y qué vendría a ser la “protección integral de la familia”? ¿Qué tipo de familia? ¿Y si no tengo familia? Pero estas subjetividades no son nada frente a la confusión generada por ignorancia o por cinismo de aquellos que presentan favores como derechos y convierten al Estado un padre protector que todo lo debe y nunca puede.  

Derecho a la vivienda es a que no te quiten el techo obtenido y a que te garanticen la igualdad de acceso, no a que te la regalen; del mismo modo que el derecho a la vida es a que no te maten, no a que te concedan la vida, y el derecho a la libertad es a que no te priven de ella, nunca a que te obliguen a ser libre. Si los derechos fueran del modo en el que la mayoría de los políticos afirman que se deben garantizar, no habría personas muertas. ¿O acaso le vamos a hacer juicio al Estado porque un señor falleció a los 119 años? El asistencialismo sin contrapartida va en contra del concepto de “dignidad” que se pretende reclamar en el caso de la vivienda. Siempre es preferible que el subsidio derive en una obligación, aunque el beneficiario (ups, beneficio) se convierta en deudor: nadie dimensionará nunca el valor de integrar una sociedad si no entiende la relación deuda-igualdad de beneficio para un nuevo necesitado.

Los ejemplos se extienden hasta el infinito: la libertad de movimiento es un derecho, el transporte público es un servicio, la información es un derecho, los medios de comunicación estatales son un servicio, el acceso a la luz, el gas y el agua es un derecho, los servicios públicos son… bueno, eso: servicios. Un servicio gratuito es un beneficio, un favor. Ningún favor es obligatorio y, al igual que en las leyes del mercadeo, cuando algo es gratis, el producto sos vos. Pero ya de modo crónico, han sido demasiados los gobiernos que han preferido encargarse de la generalidad que de los individuos que conforman una sociedad. Es lo popular por sobre lo singular, el refugio de la identificación en la masa por encima del riesgo del pensamiento propio. Es la homogeneización que empareja para abajo para no dejar a nadie afuera, por sobre la aceptación de las individualidades que enriquecen a los distintos con sus diferencias. En esa masa uniforme es normal que pueda calar hondo conceptos abstractos como el de Estado de Derecho que el Presidente mencionó para que no le salgan a rebelarse. 

El Estado de Derecho no es selectivo y es bastante específico en un montón de variables mucho más objetivas que un tipo que sale a caminar después de las 20 horas contrariando un decreto del Presidente. 

El Estado de Derecho es mucho más que una chicana amedrentadora de un Presidente. Es más, ese bendito Estado de Derecho nos hace iguales a todos frente a la ley, incluso a quienes las dictan y las hacen cumplir, y cualquier acción que quieran llevar adelante los distintos poderes del Estado deben estar en sintonía con las leyes que son públicas y conocidas por todos. Y para ello, no deben cambiar todos los días, para comenzar. 

El Estado de Derecho obliga a que cada acto de Gobierno esté limitado de una forma tan, pero tan estricta a lo contemplado por las leyes superiores que da miedo sabe que un docente universitario de la carrera de Abogacía lo haya utilizado de ese modo. El Estado de Derecho obliga a que las disposiciones gubernamentales cumplan con las formas legales, no a que las personas cumplan con las disposiciones de un DNU del que no se sabe su validez porque siquiera fue ratificado por el Congreso de la Nación. ¿Por qué así? Porque en un Estado de Derecho, aunque parezca estúpidamente redundante, se debe velar por los Derechos. 

En un Estado de Derecho no se debería expropiar empresas salvo cuestiones extremadamente sensibles y por las vías correspondientes. En un Estado de Derecho no se debería pasar por arriba de los derechos humanos. En un Estado de Derecho no debería ocurrir lo que ocurrió con Facundo Astudillo Castro. En un Estado de Derecho no mueren mujeres “ahorcadas” en comisarías de San Luis. En un Estado de Derecho no se mira hacia otro lado cuando se hace público y notorio lo que ocurre en Formosa, sino que se asume que es motivo de intervención federal en menos de 24 horas, como lo harían en cualquier provincia gobernada por otro partido político. En un Estado de Derecho no existen privilegiados para recibir tratamiento VIP de una vacuna escasa. En un Estado de Derecho, aunque parezca de idiota tener que aclararlo, el Jefe de Gabinete de la Nación no tiene el poder de decidir si un kiosco de un municipio perdido en los valles Calchaquíes puede atender al público o no. Lo que sí debería ocurrir en nuestro Estado de Derecho con el Jefe de Gabinete es que vaya al Congreso todos los meses. Van 200 días de retraso. 

En un Estado de Derecho las Fuerzas de Seguridad están para cuidar a las personas de quienes violan la ley, no para bajar a mujeres y niños, exponiéndolos a armas de alto calibre, solo porque entró en vigencia un toque de queda al que no se le puede llamar toque de queda. En un Estado de Derecho se envían Fuerzas de Seguridad a las zonas calientes del conurbano para combatir la peor ola de delincuencia de los últimos lustros, no para correr a los laburantes cuentapropistas. En un Estado de Derecho a las cosas se las llama por su nombre. En un Estado de Derecho se cumplen con las reglas fundamentales del país que lo alberga, por lo que para nosotros, en un Estado de Derecho el pueblo no legisla si no es a través de sus representantes, no a través de su presidente. Y así, en nuestro Estado de Derecho ningún Poder del Estado puede interferir en las funciones del otro, ni condicionarlo, ni apretarlo por tevé. En un Estado de Derecho hay transparencia de todos y cada uno de los actos públicos. En un Estado de Derecho no hay situación de emergencia que suspenda las normas del Estado de Derecho.

En nuestro Estado de Derecho no se admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento ni títulos de nobleza y todos los habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. En nuestro Estado de Derecho no existen los nombramientos a dedo y la meritocracia está explícitamente escrita en la Constitución Nacional, por más que les moleste a varios. 

Nuestro Estado de Derecho se basa en que no hay lugar para los autócratas, por más que de vez en cuando una manga de mansos celebre que hay un patrón de estancia que nos cuida del lobo. 

Y después de todo esto, Alberto Fernández de Kirchner dice “a mí, la rebelión, no”. ¿Y a quién sí, Alberto? 

Un domingo más, un domingo menos. La polarización ya no es ni ideológica ni moral. La polarización es humana: se tiene empatía no. Y aquellos que no tienen empatía alguna cuentan con varias calificaciones en los manuales de medicina psiquiátrica. Ninguna es positiva.

 

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