Dieciséis

Desde hace unas semanas se habla de modificar de nuevo la ley electoral para bajar la edad mínima para empezar a cagarla cívicamente con un sufragio un par de veces cada dos años. Supuse que la oposición alteraría sus nervios  -para luego entregar el voto por «deber patriótico»- ante la iniciativa oficialista de bajar la edad, máxime sabiendo que con esto buscan ampliar el campo electoral. Sorpresa: salvo contadas excepciones, la mayoría manifestó su beneplácito ante la iniciativa del gobierno nacional.
Lo entiendo más como una estrategia de puro marketing, que como una adaptación a los tiempos que corren. En el primero de los casos, es sencillo: la cagaron con el grueso de los votantes mayores de edad, entonces se busca un nuevo nicho comercial, como quien pierde a los clientes de una determinada franja de consumo y cambia su destinatario para disminuir las pérdidas. La segunda opción -la adaptación- merece un mayor análisis. Si tuviéramos que adaptarnos a los tiempos que corren, con el nivel de paja mental, la poca predisposición para el laburo y para asumir responsabilidades mínimas como las consecuencias de no colocarse un forro antes de ponerla con la primera fértil dispuesta, la edad mínima para votar tendría que estar en el orden de los treinta años, y siendo generosos.
La diputada Adriana Puiggrós -otro engendro que nos heredó la Alianza- sostiene en su proyecto que la edad mínima fijada en los dieciocho años es un anacronismo que no se condice con las nuevas concepciones de la democracia, las cuales ella interpreta como un mero factor cuantitativo. Más gente, mejor democracia. Asimismo, sostiene que el gobierno de Cristina se caracterizó por la ampliación de derechos, tales como los del matrimonio igualitario, que es necesario dar el salto de la democracia política a la democracia social, que durante el velorio del exvivo expresidente desfilaron muchos jóvenes, que los púberes de hoy en día tienen cada vez más responsabilidades y que, en otros países, la edad mínima para votar es de dieciséis años, como en Cuba. Sí, como ejemplo electoral, la muy turra citó a Cuba. 
Aunque después de ver lo lindo que funciona el Servicio Penitenciario ya ni me planteo eso de que si a los dieciséis tienen responsabilidad para votar, también deberían ser juzgados como adultos, de lo manifestado por la exfuncionaria de De La Rúa puedo desprender que da lo mismo una minoría por una condición no sujeta al paso del tiempo -la elección sexual- que una tan efímera que deja de serlo en tan sólo 730 días, cuando un borrego que hoy tiene dieciséis cumpla dieciocho añitos. No es lo mismo velar por los derechos de una minoría que convertir en minoría a alguien que sólo esta limitado en su capacidad por una cuestión de edad. En este camino, resulta que todos fuimos víctimas de una silenciosa represión que nos calló en los últimos dos años de nuestra adolescencia y, al mismo tiempo, nos notifican que en los últimos años de la secundaria, éramos unos boludos que no teníamos ningún tipo de derecho cívico porque todavía no había llegado la generación del siglo XXI.
Sin embargo, lo que más me llamó la atención es eso de pasar de una democracia política a una democracia social. Y todo con un acto tan económico como modificar la edad en un artículo de la misma ley electoral que seguirá vigente en su totalidad. Es decir que el gobierno finalmente encontró cuál era el escollo que impedía que este modelo de redistribución de la inflación se convirtiera en una democracia social: radicaba sencillamente en que los purretes no podían votar. El mecanismo electoral seguirá siendo la misma bosta, dado que las necesidades de adaptarse a la modernidad para no caer en el anacronismo electoral, no alcanzan a los modernos sistemas de sufragio. Pero eso sí, con la democracia social garantizada y en manos de jóvenes cuya máxima expresión política revolucionaria del último año, fue la toma de un colegio para exigir el control del expendio de pebetes en el Carlos Pellegrini.
A mi entender, el planteo de las condiciones para votar determinadas por la edad es insuficiente. Yo no expongo un límite de edad, sino un límite de voluntad y discernimiento. No hablo de voto calificado, sino de voto instruido. Es una propuesta, no más. Casi una utopía, una fantasía para plantear. No aspiro a una conducción aristocrática, ni al poder elector de los mejores. Sólo pido condiciones mínimas que tengan que ver más con la importancia del acto cívico, y no meras circunstancias biológicas más propias de un concurso o promoción de cigarrillos que de una responsabilidad cívica.
Hoy confundimos las cosas y pensamos que la crítica de la tapa del diario en el kiosco de la esquina es síntoma de sociedad politizada y que un montón de pibes pintando consignas en colegios bajo el concepto de «actividad solidaria», es sinónimo de mayor participación política. Sin embargo, lo que nadie puede explicar es por qué en cada elección que pasa, el porcentaje de ausentismo es mayor que en la anterior. Es complicado analizar las causas para votar por uno u otro candidato, pero es muy fácil analizar un ausentismo superior al 25%: falta de interés. 
Más allá de esto, hay determinados factores que deberían tenerse en cuenta. Si en Buenos Aires no va a la escuela el 11% de los chicos que deberían estar en los primeros tres años del colegio -de 13 a 15 años-, mientras que en Misiones, Corrientes y Santiago del Estero la cifra traspasa la barrera del 40%, y si esta cifra la proyecto en el tiempo, debo suponer -y doy por sentado- que es difícil dimensionar la cantidad de ciudadanos que no tienen la más pálida idea de los alcances de una elección, dado que nadie se los enseñó. A este grupete, deberíamos sumarles a todos los que terminaron sus estudios, pero de política y sistemas de gobierno entienden menos que de antimateria y teorías de la elasticidad. No es que lo hagan de burros, es que no les interesa y están en su derecho de dejar en algún recóndito rincón de la memoria todo lo aprendido en Educación Cívica o Estudio de la Realidad Social Argentina -ERSA, el que se quiera acordar, que se acuerde- y que sus vidas transcurran sin sobresaltos depresivos.
Por eso me gusta la idea de que el voto no sea obligatorio. Y más me gusta porque para acreditar la intención de votar habría que registrarse voluntariamente, y es aquí donde planteo mi utopía: que para poder acreditarse, primero haya que responder una serie de preguntas básicas de ciudadanía que tiendan a determinar si ese sujeto que manifiesta sus intenciones de votar, tiene alguna idea de lo qué quiere hacer. No pido hilar muy fino, tan sólo que sepan cuáles son sus derechos, obligaciones y garantías -y entiendan que derechos y obligaciones tienen el mismo rango de importancia-, que sepan la diferencia entre Estado y Gobierno y que tengan medianamente en claro cuáles son las obligaciones de nuestros funcionarios. Podría funcionar. Quizás, en un par de elecciones ya tendríamos una sociedad más interesada en instruirse y no tendríamo
s que explicar a cada energúmeno que nos plantee idioteces que no debemos rendir pleitesía a nadie por vivir medianamente bien, que ningún gobernante tiene derecho a decir cómo debemos gastar nuestro dinero bien habido, que no debemos sentir culpa ni pedir disculpas a nuestros asaltantes por vivir una vida de clase media, y que la libertad no es una dádiva del gobierno que debemos agradecer, sino que éste debe velar por garantizarla a cada hombre y mujer que desee habitar este suelo. 
Hasta tanto, que voten adolescentes seguirá siendo menos interesante que las elecciones en sí. 
Lunes. Otro día la encaramos con Rousseau, el contrato social, la voluntad general y eso de que «el pueblo nunca se equivoca», último grito de la moda en la Europa de la primera mitad del siglo XX.