El censo y las prioridades corridas: más diputados

El gobierno quedó paralizado. Algunos culpan a la interna otros a la falta de plan económico –como si necesitáramos uno de verdad cuando ya estamos a la altura de pedir salvavidas– y la verdad es que el Presi tiene una agenda distendida porque tiene que cambiar pañales. Al fin puede decir que otra persona le quita el sueño sin ponerse a llorar en posición fetal. Y como no pasa nada, pero nada de nada, vamos con un tema hermoso.

Si repasamos los planteos de diversos dirigentes políticos, podremos observar que, con los primeros datos del censo, ya deberíamos prepararnos para un pedido de ampliación en la Cámara de Diputados. Y vos preocupado por la inflación.

Para quien no lo recuerde, los diputados representan al pueblo. Dicho esto, tienen que ser proporcionales a la cantidad de habitantes. Si los habitantes aumentan en su número, mayor deberá ser la cantidad de legisladores. Al menos según nuestra legislación. El tema es cómo se fija la proporcionalidad, lo cual surge de una normativa. Una normativa que no surgió de la democracia, pero pocos lo saben. Y quienes sí lo saben –la mayoría de los políticos– se hacen bien los opas por razones obvias: nadie atenta contra su propia especie.

Esto viene bien plantearlo dado que he leído como contrapropuesta la supresión de las legislaturas provinciales. Y esas frases las leo de personas con títulos universitarios. Ese es un serio problema dado que, no solo no tienen idea de cultura general aunque provengan de otras facultades, sino que siquiera recuerdan historia y educación cívica de la escuela secundaria. Del mismo modo que en Filosofía y Letras ya decidieron que no podés egresar sin cagarte a trompadas, algún día deberíamos darnos un debate serio sobre el nulo conocimiento de otras materias que no tengan que ver con la carrera elegida, aunque se trate de temáticas que hacen al todo.

Básicamente, que no podés ser economista sin saber derechos y garantías constitucionales; que no podés ser abogado sin tener nociones mínimas de la dinámica del mercado.

Somos una Confederación de Estados denominados provincias que se pusieron de acuerdo para unirse en un solo país y delegaron en el Gobierno Nacional solo algunas facultades y conservaron el resto. Cada provincia es un Estado dentro del Estado y anterior a ese Estado. Las provincias formaron a la Argentina porque así lo decidieron y, por ende, se rigen con sus propias leyes que emanan de sus legislaturas.

Sí podemos dar la discusión sobre el tamaño de esas legislaturas en función de los presupuestos que perciben. Por ejemplo: Catamarca es una provincia que sin la plata de la coparticipación que le morfan a la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma y Neuquén, no podría ni pagar los lapiceros de los escritorios de sus empleados. Sin embargo, se da el lujo de tener una legislatura bicameral con 16 senadores y 41 diputados. ¿Podemos hacer algo por el tamaño? No, cada provincia elige cómo administrarse. Pero mantenete solo si querés tener ese despilfarro de recursos para 319 mil personas. Yo también te armo una partusa para diez mil tipos si la paga un vecino lejano.

La joya de la corona está a nivel nacional. No sé si sabrán, pero tras cada censo se pide una actualización de la cantidad de diputados. ¿Cuántos diputados tenemos en comparación a otros países? Estados Unidos tiene un representante en la cámara baja por cada 757.471 habitantes. La Argentina se da el lujo de contar con 257 diputados; uno cada 184.153 según la proporción del último censo. En 2010 eran uno cada 155 mil. Casi cinco veces más que nuestros vecinos lejanos. Si mantenemos la proporción, el número que viene es aterrador: 305 diputados.

De solo saberlo ya no puedo ni quiero dormir. Más que nada porque todo tiende a aumentar proporcionalmente. Imaginemos a la burradas que tendremos que escuchar. O los proyectos marketineros inconducentes para capitalizar las redes sociales como si sacar leyes que afectan nuestras vidas calificara para un Martín Fierro. Pensemos en ese pandemonio con 48 diputados más.

Las comparaciones no siempre son desafortunadas, y menos cuando hablamos de instituciones políticas relativamente modernas. Todos coincidimos en el excesivo número, pero no faltará quien, con cierta lógica, afirme que hay países que tienen muchos más diputados por habitante. Incluso, me han corrido con que el sistema electoral norteamericano es distinto al nuestro. El sistema electoral define cómo se selecciona a un candidato, no cuántas vacantes hacen falta cubrir.

Lo cierto es que, a la hora de comparar números, lo ideal es hacerlo con pares. En este caso, la Argentina del sistema republicano presidencialista pleno no puede fijarse en los números de diputados de Europa. Allí prevalecen las monarquías parlamentarias y los sistemas parlamentarios semi presidencialistas en administraciones no federadas. El lugar al que hay que mirar es a los que tienen nuestro sistema de gobierno. Y no son muchos: Estados Unidos, Brasil y México.

Antes que nada, recordemos lo que aprendimos en Ciencias Sociales durante la escuela primaria: los senadores representan a las provincias, los diputados a los ciudadanos. En Estados Unidos no son muy creativos y los llamaron «representantes» a secas.

Los norteamericanos llevaban 66 años de sistema bicameral en funciones cuando en la Argentina se aprobó la Constitución Nacional de 1853. Les copiamos los esquemas pero ya partimos con aires de grandeza de entrada.

La sección segunda, cláusula tercera del artículo primero de la Constitución norteamericana estableció la necesidad de llevar a cabo un censo para determinar cuántos habitantes residían en cuántos lugares para así establecer la cantidad necesaria de representantes. La base se fijó en un mínimo de un representante por cada 30 mil habitantes para garantizar que los pueblos de los Estados poco habitados no se queden afuera. El censo lo realizaron un año después.

En la Argentina, en cambio, se estableció en 1853 que merecíamos un diputado por cada 20 mil habitantes hasta que tuviéramos un censo. El censo demoró cinco presidencias. Las cosas con calma. Aquel censo de 1869 arrojó una población de 1.877.490 de habitantes que retozaban por las pampas.

Convenientemente, se modificó el sistema de acceso a la Cámara de Diputados a través de una reforma constitucional en 1898. Y digo convenientemente porque, en caso de regir el principio de nuestro texto constitucional original, hoy la Argentina contaría con 2.171 diputados. Me quiero matar de solo escribirlo. Este cambio llevó el numerito de un diputado cada 20 mil a uno cada 33 mil. Tenía cierta lógica: dos años antes se había realizado el segundo censo y la Argentina había pasado a tener 4.044.911 habitantes. Con el sistema anterior, en aquel año el Congreso debería haber tenido 202 diputados. El número quedó en 123.

Ahora ¿quién fijó el estándar que nos rige en la democracia recuperada en diciembre de 1983? Un General de División del Ejército. El último titular de la última dictadura, Reynaldo Bignone, firmó el Decreto-Ley 22.847/83 mediante el cual se fijó el piso de habitantes por representante. Para ello se tomó como base el censo de 1980 y varios artilugios, como tres diputados más por provincia equitativamente.

Desde entonces nadie modificó el número de representatividad fijado en un diputado cada 161 mil habitantes más un piso de tres diputados por provincia, que es el que nos rige hoy. Y de allí se agarran quienes en una jugada magistral afirman que la Cámara de Diputados necesita más legisladores. Y sí, según la ley, sí. Pero es un chiste para la democracia.

No solo nadie se calentó en modificar el criterio de Bignone, sino que a nadie se le ocurrió preguntar por qué se le regala tres diputados a las provincias sin tener en cuenta que los diputados no representan a las provincias.

Después nos llenan los oídos con discursos antidictatoriales, reformas de cuanta ley haya quedado de la dictadura por tratarse de legislaciones viciadas que no surgieron de un congreso constitucional, y hasta se cuestiona la legitimidad de la deuda contraída en aquellos años. Lo que ningún político de ningún partido dice –ni al cierre de esta nota tiene intenciones de decir– es que la casa de la democracia, la Cámara de Diputados de la Nación, se compone en su número en base a un decreto de la dictadura.

El Congreso posee la facultad de modificar el piso de representación pero no lo hace por una sencilla razón: es a la alza. O sea, el artículo 45 de la Constitución Nacional vigente afirma que solo se puede aumentar el piso de habitantes a representar, nunca disminuir. Se ve que alguien previó que podíamos terminar como Brasil, que cuenta con 513 diputados o los 500 de México. Así y todo tienen pisos más altos que el nuestro, ya que en Brasil eligen un diputado por cada 441 mil habitantes, mientras que México tiene uno cada 257.000.

Y ya sabemos que no podemos esperar de este Congreso una ley que modifique el derecho divino a cobrar por el laburo patético que realizan. Si vamos por la proporcionalidad mexicana, nos sobran 48 diputados. Si aplicáramos la proporcionalidad brasilera, en diputados no tenemos que sumar ninguna banca sino que tendríamos que remover hasta llegar a 105 diputados.

De yapa, va una aclaración sobre el sistema electoral. En 1902, Julio Argentino Roca cursaba su segundo mandato presidencial entre las protestas anarquistas, las huelgas obreras y los quilombos que armaban los radicales. A través del superministro Joaquín V. González (Interior, Justicia, Gobierno y Relaciones Exteriores), el gobierno impulsó una reforma electoral que implementó la circunscripción uninominal, que no es otra cosa que una vacante por distrito. Para ello se dividía el país en tantos distritos como hicieran falta mientras se respetara el piso de representatividad. No fue un invento argento: es el sistema que los norteamericanos usan. La ley 4.161 existió, posta. Pero duró poco: ni bien Manuel Quintana asumió la presidencia, se volvió al sistema anterior que aún nos rige: lista.

Los beneficios del sistema uninominal se puede resumir en un sólo ítem: si el diputado representa al pueblo, qué mejor representación que tener un diputado directo que tenga que rendir cuentas a la circunscripción que lo sentó en una banca. Y si se produce una vacante por renuncia, muerte, u otra cosa, no aparece un suplente que nadie conoce, sino que se debe volver a votar en el distrito que eligió al ahora ausente.

El piso que tenemos en la Argentina por diputado no es el más bajo de América, pero es un problema serio que ya abarca varias vertientes: un número democrático impuesto por una dictadura, un sistema de elección legislativa ideado por una clase política que tuvo por principal característica negativa la implementación del clientelismo y el fraude, una representación que no representa (¿alguien sabe quién es el quinto diputado de la lista que votó en las últimas elecciones?), y un agujero negro presupuestario en un país en el que el 35% de la mano de obra ocupada es estatal, sin contar planes sociales ni jubilaciones.

Cuando hablo de cuánto nos cuesta cada diputado, no hablo sólo del salario, sino de los seis asesores con los que cuenta de mínima. Salvo que participe de varias comisiones parlamentarias para lo cual se les asigna más asesores y le gana a cualquier PyME. Y mejor ni hablar de la ridiculez de los gastos de representación que heredamos de tiempos en los que un diputado jujeño podía demorar semanas en llegar a la Capital.

No soy partidario de proponer ideas desde un teclado de escritorio, pero no estaría mal buscar la forma de redireccionar el presupuesto legislativo. Pero deberíamos replantearnos, primero, qué clase de representación democrática queremos en el Poder Legislativo. Ojalá nos importara: a los políticos les importa muchísimo.

 

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