La prioridad de Su Señoría

La primera vez que llevé un automóvil a un taller mecánico me sentí un marciano. “Hay que cambiar el retén de bancada”, me dijo el profesional ante mi cara de idiota. Yo no tenía la más pálida idea de qué me hablaba así que hice lo que cualquier mortal haría en mi lugar: preguntar para desasnarme. Luego de recibir la respuesta adecuada no se me ocurrió insultar al mecánico porque no me dijo que «es un tapón o algo así». No es un tapón, es un retén.

Situaciones análogas me ocurrieron y ocurrirán permanentemente en cada actividad que no sea de mi conocimiento. Ocurren con las que conocemos, imaginemos aquellas que son ajenas a nuestro universo cotidiano. Cada cual tendrá su expertise en algo pero, cuando no sabemos, preguntamos para entender. En ese sentido, creo que los ferreteros y afines son quienes más paciencia pedagógica profesan. Uno va con una descripción y ellos nos dicen “el vástago del grifo”.

El médico no dice “tenes un socotroco entre las cosas de eso que te mantiene parado”; afirma que tenés una hernia de disco en la columna vertebral. Luego, si no entendemos, nos explicará más detalladamente. Y así ocurre con cada profesión u oficio.

Todo esto viene a cuento porque vi llegar a los grandes medios una columna de opinión redactada por el presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Formosa, Ariel Gustavo Coll. Allí, el máximo funcionario judicial de su provincia cuenta la imperiosa necesidad de llegar a un lenguaje simple en materia jurídica. Es un debate que se da desde hace ya unos cuantos años, pero hasta ahora no había trascendido nunca del ámbito de los cafetines judiciales y algunos centros académicos. Sin embargo, en diciembre se coló en la reunión de las Cortes nacional y provinciales. 

El ímpetu que se le ha colocado al lenguaje coloca el debate en un lugar que tiende, indefectiblemente, a descarrilar. La idea es que “el común de la gente no entiende” lo que la Justicia tiene para decirles. Es curioso, al menos. Hace ya demasiado tiempo que se miden las “percepciones institucionales” mediante encuestas. Hace ya demasiado tiempo que el Poder Judicial –la Justicia en general– se encuentra último en la tabla. Sí, último y solo aspira a empatar con la imagen que “el común de la gente” tiene de las fuerzas sindicales.

Los líderes de los sindicatos hablan en un lenguaje que entendemos todos y así y todo comparten el averno institucional con la Justicia. Quizá sean las acciones y no la forma de comunicarlas. Quizá sea que desde que tengo memoria “el común de la gente” lo que no entiende es cómo un político puede enriquecerse de una forma tan obscena y no ser siquiera enjuiciado. Tal vez sea que “el común de la gente” esté cansado de penas que no se cumplen, de tecnicismos jurídicos para acomodar un fallo a una ideología, de asesinos que debían estar presos antes de cometer el homicidio, de organismos colapsados, de un anacrónico horario de atención al público y ni que hablar de la connivencia de algunos magistrados que parecieran nunca enterarse de las brutalidades cometidas por los titulares del Poder Ejecutivo al que deberían controlar como a nadie.

Hay distintas teorías, pero como todo en esta época polarizada, la discusión transita entre quienes quieren conservar un lenguaje rico en terminología jurídica y quienes dicen que hay que simplificarlo. Argumentos sobran de un lado y del otro, y siempre me sorprendió el más sencillo de todos los que están a favor de la simplificación: que si no se entiende lo que se dice, no hay garantía de Justicia.

Debo confesar que nunca le presté mayor atención a este argumento porque me pareció casi naíf. En un proceso judicial intervienen un montón de seres humanos, un sinfín de burocracia que, en cualquier etapa, puede explicar si alguien no entiende de qué le hablan. Pero don Coll publicó su nota de opinión en Infobae, el medio gráfico en español más leído del mundo. Allí prepara el terreno desde el inicio de su discurso al citar una anécdota supuestamente ocurrida en un juzgado de Las Lomitas, en la republicanísima provincia de Formosa:

“…Don Aparicio, con más de cuarenta años como peón de campo, nunca había pisado ‘el juzgado’, como así le llamaban a aquel vetusto edificio de Las Lomitas; lo habían citado para informarlo de la decisión del Juez. Estaba asistido por la Defensora Oficial, una mujer de rostro apacible, que le transmitía confianza. Cuando comenzó la lectura del auto de procesamiento, trató de escuchar detenidamente, se referían a ‘fojas’, ‘actas circunstanciadas’, ‘indicios unívocos y concordantes’, palabras que no había escuchado en sus 60 años de vida, pero cuando el Secretario dijo que ‘se encuentra plenamente acreditada la conducta penalmente reprochable y enrostrada al incuso, de apropiarse con ánimus domini del semoviente cuyos restos fueron peritados, luego de exhaustiva investigación que remiten a un proceder criminoso doloso constitutivo del ilícito previsto y penado en él artículo 163 del Código Penal Argentino’, sintió que les temblaban las piernas y el entendimiento se le nublaba. La Defensora Oficial se dio cuenta, posó suavemente su mano sobre el brazo curtido de Aparicio y le dijo, casi susurrando, ‘tranquilo, están diciendo que Ud. se robó esa vaca que apareció faenada cerca de su rancho, no creyeron su versión, pero vamos a apelar, quédese tranquilo que no lo van a detener y vamos a pedir que todo esto sea revisado, esto no se termina aquí Don Aparicio’”.

Es llamativo cómo el argumento “si no se entiende no hay Justicia” se desarma en la mismísima anécdota: la propia defensora oficial le tradujo inmediatamente al flamante procesado para que entendiera. La escena es verosímil, pero también dispara un montón de contradicciones. ¿Cuántos citadinos no ilustrados conocen el término faenar? Semoviente e incuso son exageraciones, lo acepto; pero ¿el resto? Nadie notifica así.

Alguna que otra vez me preguntaron dónde aprendí a escribir. Siempre respondí que en primer grado de la escuela primaria, como todos. Obviamente que los estilos –si es que me diera la autoestima para hablar en esos términos– se adquieren a fuerza de lectura y escritura.

Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver con hacerse entender, mi universidad fue la Justicia. Ingresar como meritorio no es lo mismo que hacerlo como funcionario judicial. Trabajar en una era sin Internet ni sistemas informáticos internos obliga a que los textos modelos sean prácticamente inútiles para cuestiones serias: vale para un oficio, vale para una cédula de notificación, vale para correrle vista a una de las partes, no tiene ningún sentido para una resolución. Hoja en blanco y a argumentar. Todo vino de allí: tener un diccionario de sinónimos a mano para no repetir palabras porque queda mal al leerse, cuidar la cacofonía –salvo cuando queríamos jugarle una broma al pibe de la mesa de entradas que tenía que leer la notificación en voz alta–, saber cuándo utilizar mayúsculas y minúsculas, y sobre todo evitar las redundancias, algo que en el texto entrecomillado abunda.

Quizá moleste que se diga foja en lugar de hoja. Los árboles tienen hojas, los libros tienen páginas, los expedientes tienen fojas. Banco la eliminación del latín, aunque no exista término que pueda resumir “ut supra” y que no termine en un “en el argumento de acá más arriba”.

De un modo paradójico, no es comprensible el argumento de que haya que simplificar el lenguaje jurídico para que sea comprensible. ¿Dónde fijamos la vara sobre lo que es comprensible o no en una era en la que basta con una vueltita por redes sociales para notar la brutalidad con la que los hispanoparlantes buscan masacrar lo que queda del idioma castellano? ¿Qué hacemos con un analfabeto, le damos una hoja en blanco? ¿Ustedes leyeron cómo se expresan por escrito los más mediáticos abogados en las redes sociales? Sin ningún dejo de vergüenza, dan la sensación de que han circulado por la vida con una habilidad increíble para esquivar cualquier libro. Nadie que sepa leer puede escribir de ese modo. Nadie.

Por poner otros ejemplos: ¿Qué hacemos con los extranjeros? El juzgado federal de Lomas de Zamora tiene competencia territorial sobre el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. No creo que haga falta aclarar la inmensa cantidad de extranjeros que pasan por el juzgado y que, por cuestiones elementales, no tienen porqué conocer de nuestra legislación. Y mejor ni hablar de aquellos que no comprenden el castellano. ¿Redactamos los procesamientos en portugués o chino para que haya Justicia? No, alcanza y sobra con llamar a un intérprete.

No me sorprende que los principales impulsores de la simplificación del lenguaje jurídico sean funcionarios judiciales. Y por la experiencia y el sentido común, no es que la gente no los entienda por bruta, sino que muchos de los que se sientan en los sillones más cómodos de los distintos palacios de justicia no saben escribir o no se calientan en un aspecto muchísimo más humano: explicar al momento de notificar a las partes.

Sí, es cierto que muchos abogados y magistrados juegan una competencia de pedantería y se arrojan palabras rebuscadas sólo para complicar las cosas. Todos conocemos a algunos de esos que mi abuelo definía como “pelotudos ilustrados”, gente que necesita demostrar que sabe más que otros, tal vez para sanar alguna vieja herida narcisista.

Pero si la idea es eliminar confusiones, podríamos comenzar con dejar de mentir con eso de llamarle doctor a cualquier abogado. Es un título, no un modismo. ¿Tiene doctorado en cosas o es doctor de verdad? Pero les encanta que les digan doctores aunque no hayan pensado siquiera una idea para una tesis doctoral. Y hasta donde todos tenemos entendido, la usurpación de título es un delito.

Y ya que les gusta ilustrar con anécdotas, va una que sí es real. El día 2 de junio de 2021, el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 9 de la Capital inició una averiguación para determinar cuáles eran los “husos y horarios” de la ciudad de Buenos Aires. Sí, en serio, «husos Y horarios». Desde el juzgado se enviaron consultas al Fiscal Federal número 1, luego a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, más tarde a la División Delitos Informáticos Complejos de la Policía de la Ciudad.

Finalmente, la duda sobre los “husos y horarios” porteños quedó saldada el día 20 de septiembre, a casi cuatro meses de iniciada la consulta. No pudieron determinar qué “husos y horarios” tenemos, pero informaron al juzgado que lo más parecido es un «huso horario» y que, si ese es el caso que quería averiguar Su Señoría, nos rige el UTC -3. No es joda, pueden consultarlo en el expediente número 55.276/19.

Independientemente de todo lo relatado “ut-supra” –ven que es más práctico, malditos romanos– me consterna el orden de prioridades de algunas personas con cargos importantes. La columna del juez Coll fue publicada en una nueva sección sobre cuestiones judiciales llamada “Publyca”, así con “y griega”. O con “ye” en lenguaje simple.

En ese mismo portal hemos visto muchas de las atrocidades ocurridas en Formosa desde casi siempre, mucho más en las últimas décadas y ni que hablar desde iniciada la pandemia. Una serie de violaciones a los derechos humanos más fundamentales del hombre con aval de la Justicia que daría vergüenza si no produjera tanto dolor. Coll forma parte de la máxima autoridad judicial de Formosa desde diciembre de 1987, la misma fecha en la que Gildo Insfrán asumió como vicegobernador. ¿De qué sirve un lenguaje simple si la gente no entiende a la Justicia por sus acciones y no por su idioma?

En muchos lugares la gente no sabe qué hace un fiscal, qué hace un juez. Hasta les cambiaron los nombres a las fiscalías por Unidades Funcionales de Instrucción. En la provincia de Buenos Aires ocurrió casi un cuarto de siglo atrás y todavía cuesta entenderlo o explicarlo. Las causas ahora se llaman Instrucciones Penales Preparatorias. Linda simplificación.

Aún existe la diferencia atroz entre las cargas horarias y laborales de los fueros penales con el resto, pero a fin de mes cobran lo mismo por desiguales tareas. Y eso sin mencionar que en pleno siglo XXI los organismos judiciales aún se nutren de mano de obra esclava en la folclórica figura del meritorio. Hay jueces besucones, empleados desleales una supuesta «paridad de género», magistrados que temen a los medios, otros magistrados que se manifiestan públicamente y piden «voltear a la Corte Suprema», magistrados hijos de magistrados, nietos de magistrados, sobrinos, nietos, hermanos de magistrados o todo junto a la vez.

Hay grandes, enormes magistrados sin presupuesto, sin empleados, sin oficinas o que, directamente, deciden jubilarse para no tener que lidiar más con el destrato.

¿Realmente creen que no hay problemas en la Justicia? ¿Creen que la solución es hablar a lo bruto?

Hagan su parte que no tienen mala imagen porque no se entiende lo que dicen. De hecho, se entiende bastante.

 

 

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