Breve Diccionario Argentino de Educación Cívica Parte I

Diccionario Educación Cívica

Quisiera dar por sentado que no todo tiempo pasado fue mejor. Menos en lo que respecta a la educación cívica. Convengamos que no fue una materia muy interesante durante varias décadas. Era más fácil comprender física cuántica que la aplicación de la Constitución en el país de los golpes de Estado. 

Mi generación, sin embargo, fue criada y educada en democracia. Pero Educación Cívica fue una materia que no se enseñó bien. Entonces tenemos a un par de generaciones que recuerdan masomeno qué es un derecho y qué una obligación, otras tantas generaciones que recuerdan solo las obligaciones y el resto que cree que todo es un derecho. 

Por eso, y en virtud de que estamos en tiempos de receso escolar, aquí nos hemos dado a la tarea de hacer un raconto de Educación Cívica. No ya de cómo se enseñó, sino de cómo debería enseñarse. O sea: pasar a explicar la realidad en vez de insistir con conceptos tan ridículos que nadie verá aplicados en la práctica cotidiana. Pasen, sean bienvenidos. 

 

Breve Diccionario Argentino de Educación Cívica
Parte I

 

Democracia: 1. f. sust. Sistema de acceso al gobierno utilizado en la Argentina para suprimir la voluntad de las minorías. 2. f. adj. Democrático. Argentinismo según el cual un hecho o política adquiere mágicamente la característica de bondadosa sólo por el hecho de portar su nombre, aunque el acto en sí sea antirepublicano, atente contra cualquier resorte institucional o acarree consecuencias negativas en el corto plazo. 

La ciudadanía argentina nunca se ha caracterizado por su espíritu democrático. Nunca, jamás, never in the puta life. De hecho, pocas personas en el país cuentan con una idea acabada de qué es un sistema democrático en sí ni mucho menos logran comprender las responsabilidades y obligaciones de los diferentes poderes del Estado. No lo digo solamente desde el prejuicio, sino que hay numerosas encuestas en las que se preguntan cuáles son las diferencias en los deberes de cada funcionario elegible por el voto popular. Pocos sabrían explicar qué hace un concejal, un intendente, un gobernador, un legislador provincial, uno nacional, un senador, ni qué diferencia a todos ellos de la función del Presidente.

La democracia plena, de hecho, no existe como tal en ninguna parte del mundo dado que no hay forma factible de que un Estado pueda funcionar si realiza una consulta previa a todos sus ciudadanos al momento de tomar una decisión administrativa simple.

En virtud de esto es que los países considerados democráticos funcionan con sistemas delegativos. O sea, a través del voto se elige a una persona o a un grupo para que administre uno o varios poderes del Estado, según sea el sistema de cada país.

En la Argentina, nuestra división de poderes del sistema republicano establece un equilibrio entre tres cabezas con claras diferencias entre ellas que debería garantizar un mecanismo perfecto y aceitado de control mutuo entre todas. Por eso es que se puede elegir a un Presidente del Poder Ejecutivo, pero no a sus ministros, que son designados por éste en función de las necesidades que el Presidente considere pertinentes para llevar adelante sus políticas prometidas en campaña. Curiosidades de la vida: muchos de los que se enojan con que los jueces no son elegibles por el voto popular –gracias a Dios– nunca se detienen a pensar que tampoco votan a ninguno de los burócratas cagatintas que ofician de ministros y deciden qué será de nuestras vidas.

Ahora, más allá de todo lo que podamos explicar desde la lógica del texto escrito, hay un uso del vocablo “democracia” y todas las variables de su raíz que, al menos a esta altura, debería ser tipificado en el Código Penal. Porque todo, absolutamente todo lo que quiera hacer un gobierno para alterar alguna política que pueda llevar a un conflicto de facciones sociales, será presentado con el adjetivo de “democrático”.

Ejemplos sobran. La pelea entre la gestión de Cristina Fernández y los medios periodísticos tuvo un capítulo especial ocurrido en 2009 con un país sometido contra su voluntad al debate por una nueva ley regulatoria del funcionamiento de los medios de comunicación. Para que el tema prendiera en alguien más que en los actores involucrados, se recurrió a una figura retórica: democratización de los medios. Por definición contraria, podríamos asegurar que hasta la sanción de dicha ley los medios de comunicación no eran democráticos. La pregunta que nadie se hizo es por qué deberían serlo, si no dejan de ser empresas privadas.

 

Constitución: 1. f. sust. Narración fantástica sobre la organización de un Estado que los argentinos nunca vieron. 2. f. sust. Barrio porteño con alto índice de inseguridad y, así y todo, menos peligroso que el uso que se le da al libro al que homenajea. 3. f. sust. Listado de sugerencias. 

 

La historia constitucional mundial tiene a la Argentina en el podio. Fuimos el quinto país del planeta en contar con una Constitución escrita vigente y el segundo en la historia en sancionar un texto constitutivo republicano. Por si fuera poco, es la primera constitución de la historia en fijar un orden republicano, presidencialista, democrático y federal además de estar codificada en un libro ordenado.

Todo esto ha servido para que yo pueda mencionar estos récords que nadie en su vida se puso a buscar, y poco más. En la historia de la Argentina la Constitución Nacional se ha suspendido en numerosas ocasiones en su totalidad. Es fácil ubicar esas fechas dado que fue el origen de cada dictadura que asoló al país. Sin embargo, no hay un día en que no se viole alguna parte del texto normativo. De hecho, el gran colapso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación obedece a los miles de expedientes con cuestiones constitucionales que deben resolver dado que los funcionarios políticos y legisladores, en su inmensa mayoría abogados, son de creer que la Constitución está sobreestimada. ¿Acaso la Constitución vota?

La Constitución Nacional ha sido violentada, también, con sus reformas. Puntualmente, en 1994 fue atacada sin ningún reparo con la incorporación de un montón de instituciones europeas, donde no existe un sistema presidencialista pleno ni en una una isla perdida en el Mar Egeo. Se crearon nuevos derechos que chocan de frente con otros derechos aún más antiguos; como cuando se garantiza el acceso a la tierra de los pueblos aborígenes y, al mismo tiempo, se declara la inviolabilidad de la propiedad privada. Ni que hablar del concepto de “garantizar el bienestar de la población”, algo tan subjetivo que impide que tengamos una vara común entre el lector de éstas líneas y su vecino. ¿Es acaso más feliz un multimillonario en un dos ambientes o un pobre? ¿Quién mide el bienestar de una persona?

Al día de hoy, los poderes políticos siguen sin cumplir con definiciones elementales que la Constitución no ha cubierto y que requieren de una ley específica. ¿Cuántos miembros debe tener la Corte Suprema, número que sí existía en 1853? ¿Cómo se reparte la coparticipación, concepto inexistente en la constitución hasta 1994 por considerarse contraria al principio de federalismo? O algo tan elemental como la definición de “mal desempeño” como causal de juicio político. Eso sí, se eliminó la cantidad de ministros obligatoria, que pasó de cinco a los que quiera el Presidente de turno. Así llegamos a números ridículos. Las últimas administraciones tuvieron más ministros que toda la delegación argentina en el Mundial de Fútbol con resultados un tanto distintos. 

Quizá los argentinos no estaban preparados para la implementación de una constitución de avanzada en cuya convención reformista participaron Palito Ortega, Evangelina Salazar, Aldo Rico y, la principal enemiga del texto normativo, Cristina Elisabet Fernández.

 

Pueblo: 1. m. sust. Confusión histórica del argentino promedio según la cual el pueblo es el que piensa como él. 2. m. sust. Mito.

 

¿Qué es lo que da ese sentido de pertenencia para aceptar un gentilicio? ¿Qué define a una persona como parte de un país? Existen pocas cosas más difíciles de poder explicar que la definición de pueblo cuando se hace referencia a la cantidad de seres humanos que habitan de forma permanente un Estado o que pertenecen al mismo y se encuentran en el extranjeto.

Más difícil, aún, resulta el intento de un abordaje desde un país que no solo fue compuesto en su inmensa mayoría por sujetos procedentes de otros lugares, sino que, por si fuera poco, vive oficialmente con culpa por sus orígenes.

La confusión generalizada puede llevar a correrse de las políticas de Estado y ni que hablar de las cuestiones públicas. De hecho, el primer diferencial entre integrantes del pueblo y quienes no lo son es una percepción individual más vinculada a los valores personales y la ideología que a cualquier otro rasgo legal.

Es normal que cualquier manifestación pública sea en nombre del pueblo y ohlelé, ohlalá, si éste no es el pueblo, ¿el pueblo dónde está? Ocurrió cuando éramos 27 millones y se congregaron cientos de miles en inmediaciones de la Plaza de Mayo para repudiar el rumbo económico de Galtieri; ocurrió tres días después para vitorear al dictador por el desembarco en las Islas Malvinas. Ocurrió en el acto de cierre de campaña de Ítalo Luder un año y medio después y también en el cierre de Raúl Alfonsín. Nuevamente sucedió en cada protesta contra Alfonsín y en la asunción de Menem. Para 1991 ya éramos 33 millones de argentinos y las protestas también eran en nombre del pueblo. En diciembre de 2001 las manifestaciones que terminaron por jaquear la presidencia de Fernando De La Rúa quedó registrada como “del pueblo”. Y eso que ya éramos 35 millones.

Como corolario de esta explicación basta recordar que la mayor movilización humana de la historia del país se vivió en diciembre de 2022 y no fue para pedir que se fuera ningún gobierno ni para exigir bolsones de comida, sino para celebrar.

Y eso es algo muy difícil de digerir para quienes no logran juntar a tres personas sin poner plata para decir que ése es el pueblo.

Continuará…

Nicolás Lucca

 

 

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