República Tributaria Argentina

Ya pasó de moda porque la velocidad con la que el Gobierno se humilla solito hace que nos olvidemos de todo demasiado rápido. Pero hace tan solo unos días se instaló la necesidad de cargar contra el conchetaje que pretende dejar una herencia, con lo cual vengo a plantear dos cositas: la primera es que no conozco a ningún hijo único a favor del impuesto. La segunda: ¿cómo vas a estar a favor de un impuesto? No importa a quién se lo vayan a cobrar ¿qué te hicieron para que milites un impuesto?

Pero como todos corremos el riesgo de hablar en términos suecos para contraprestaciones subsaharianas, viene bien hacer un listado que no necesita una introducción. Vayamos directamente con los protagonistas:

En Argentina se paga impuesto a las Ganancias y un gravamen de emergencia sobre Premios de Determinados Juegos de Sorteos y Concursos Deportivos. También hay Impuesto sobre los Bienes Personales, una Contribución especial sobre el Capital de las Cooperativas y varios Impuestos a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas, un Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias, impuestos a la importación, impuestos a la exportación, impuestos internos al tabaco, a las bebidas alcohólicas, a las bebidas gaseosas, a los jugos envasados, al agua mineral, a los automotores y motores gasoleros, a los seguros, a los objetos suntuarios, a la telefonía celular y satelital, a los vehículos automóviles y motores, embarcaciones y aeronaves de recreo o deportes y a los productos electrónicos.

También hay impuestos a los seguros, a la nafta súper, a la nafta común, a la nafta premium, al gasoil, al gasoil especial, al kerosene, al aguarrás y al gas natural comprimido. Impuesto al consumo de energía eléctrica, de gas y de agua corriente. También pagamos impuestos por divertirnos al ir al cine, al teatro, o al comprar una película. Impuestos sobre el servicio de Internet, sobre el servicio de televisión por cable y hasta pagamos impuestos por comprar un pasaje para viajar al exterior. Y estos son sólo los impuestos nacionales, sin contar el monotributo en el caso de los trabajadores autónomos, o los quichicientos destinos de los aportes que se descuentan del salario de un trabajador en relación de dependencia.

Luego vienen los impuestos provinciales. Allí nos encontramos con el impuesto a los ingresos brutos, el cual afecta a la venta de partes, de piezas y de accesorios de vehículos automotores, combustibles, productos agrícolas, animales vivos y productos ganaderos. También está gravada la venta al por mayor y al detalle de alimentos y bebidas, prendas de vestir, calzado a excepción de los ortopédicos –tiene lógica: los que necesitan de ortopedia deben ir calzados, no como el resto que podemos ir en pata–, cueros, pieles, artículos de marroquinería, paraguas, libros, revistas, diarios, papel, cartón, materiales de embalajes y artículos de librería.

Sumemos productos farmacéuticos, veterinarios, cosméticos y de perfumería, instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos –acá ya se perdió la buena onda con los necesitados–, óptica, fotografía, relojería, joyería, muebles, artículos de iluminación y demás artefactos para el hogar, combustibles, incluso gaseosos y productos conexos, metales y minerales metalíferos, madera, materiales de construcción, artículos de ferretería y materiales para plomería e instalaciones de gas, máquinas, herramientas, equipos para el transporte ferroviario, aéreo y de navegación, instalaciones para la industria, el comercio y los servicios.

Por si quedaba algo afuera, también se cobra impuesto por la venta directa de productos de almacén, fiambrería y dietética, carnes rojas y productos de granja y de caza, frutas, legumbres y hortalizas frescas; pan y productos de panadería y confitería. Raspando el fondo de la olla, se cobra ingresos brutos por la venta de elementos ya usados, de segunda, tercera o décimo sexta mano, como muebles, libros y revistas. Incluso se cobra por la venta por correo, por la venta por televisión y por la venta por Internet, a pesar de que en ninguna de esas transacciones intervino el Estado provincial.

Pagan ingresos brutos los que prestan servicios para la caza y para la pesca, los que transportan energía eléctrica, agua y gas, y quienes lo distribuyen, en un claro acto de justicia social para frenar la avanzada de quienes quieren darnos servicios vitales para la vida civilizada. También pagan los que lavan autos, los de la gomería, los del centro de alineado y balanceo, los vidrieros, cerrajeros, tapiceros, retapiceros, electricistas, chapistas, pintores, técnicos de electrodomésticos. Pagan los campings, pagan los hotelazos y pagan los telos baratos. Lo hacen los bares, las cafeterías, los restaurantes, las rotiserías y casas de comida en general. Pagan los servicios de catering, las empresas de transporte de pasajeros y de carga, por tierra, por mar y por aire.

Ya que estamos, pagan las empresas de almacenamiento, carga, descarga, transporte y la venta de mercaderías. Obviamente, paga la medicina privada que le quita presión a los hospitales públicos, las inmobiliarias, los alquileres de inmuebles, de maquinaria y del aire que se respira.

Impuestos a los que investigan ingeniería, a los que deciden experimentar con las ciencias médicas, a los que quieren desarrollar las ciencias agropecuarias, a los que quieren investigar y desarrollar las ciencias sociales, a los que dan servicios jurídicos, servicios contables, servicios de asesoramiento, a los que escriben ensayos, a los que hacen publicidad, a los que brindan seguridad, a los que limpian edificios, a los que sacan fotos, a los que envasan, a los que empacan, a los martilleros, a los que educan en la primaria, en la secundaria, en la terciaria y en la universitaria, a los médicos, a los odontólogos, a los veterinarios, a los sindicatos, a los cines (de nuevo), a los teatros y espectáculos musicales, a las peluquerías y a los servicios de velorios y funerales, para que el Estado nos recuerde quién es nuestro puto amo hasta en nuestro viaje al otro mundo.

Como todo puede ser peor, un Estado como la gente no podría olvidarse de los impuestos a los que producen bienes de consumo y transferibles. Por ello, también se cobra impuestos a los que cultivan cereales, oleaginosas, forrajeras, hortalizas, legumbres, flores, plantas ornamentales, frutas, nueces, especias, plantas aromáticas y medicinales.

También son vacunados estatalmente los que crían ganado, aves, cerdos, ovejas y cabras, y los que producen leche y lana. Pagan los que extraen carbón, los que van por el lignito, los que sacan petróleo crudo, los que consiguen gas natural, uranio, hierro, piedra caliza, yeso, canto rodado, arcilla y sal. Pagan los que procesan la carne, cualquiera sea su procedencia; y, ya que estamos, pagan quienes elaboran aceites y grasas de origen vegetal, productos lácteos, productos de molinería, alimentos preparados para animales, chocolate, pastas alimenticias, bebidas no alcohólicas; hilanderías y tejedurías de fibras textiles.

Obviamente, no vamos a dejar afuera de la magia de pagar impuestos a los que confeccionan prendas de vestir, maletas, mochilas, bolsos, carteras y calzado. Como esto de trabajar es para giles, también se cobra impuesto a quienes deciden fabricar hojas de madera para enchapado, partes y piezas de carpintería, artículos de corcho, paja y materiales trenzables, papel y cartón ondulado. La cultura no sirve para nada, por lo que se cobra impuestos también a los que fabrican libros y partituras, a los que publican periódicos y revistas.

Impuestos para la refinación del petróleo, la elaboración de combustible nuclear, elaboración de sustancias químicas básicas y complejas, laboratorios farmacéuticos y botánicos. Más impuestos para los que hacen jabones, detergentes, perfumes, plásticos, vidrios, cerámicas, fundición de hierro y acero, fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal, cuchillería, herramientas de mano, clavos, tornillos, cualquier cosa que pueda integrar alguna parte de algún automóvil, moto, avión, tractor, tren o barco. Impuestos para la fabricación de máquinas que fabrican otras cosas a las que también se les cobra impuestos, válvulas, cañerías, insumos y aparatos médicos, colchones, juegos, juguetes, y hasta profilácticos.

Se cobra impuesto por construir un edificio, se cobra impuesto por demolerlo, se cobra impuesto por remover los escombros, se cobra impuesto por transportarlos.

El Estado cree que también merece su parte por los actos de compraventa entre particulares de cualquier bien registrable y por las escrituras de las viviendas por las cuales también cobrará un impuesto a la propiedad de por vida. El Estado también muerde a los que guardan vehículos, a los que usan teléfonos celulares y, aunque parezca una joda grande como este listado, todavía se cobra impuesto por el uso de telégrafos.

Pero como la provincia está dividida en municipios, allí también tendremos alguien que quiera cobrarnos impuestos bajo la forma de Tasa por Servicios Generales para brindar alumbrado, recolección de residuos domiciliarios, mantenimiento y limpieza, conservación y ornamento de calles, plazas y paseos. También cobran tasa por inspección e higiene a comercios, tasa por habilitación y tasa por publicidad. Gracias a la bondad de nuestros dirigentes, los políticos han establecido una excepción a estas reglas: las sedes de los partidos políticos.

¿Encima vienen a decirnos con cara de “el perro me comió la tarea” que el impuesto a la herencia se cobra en casi todo el mundo civilizado? Primero: no, no se cobra en casi todo el mundo civilizado. Segundo: ¿Saben qué no se cobran en esos países “civilizados con impuesto a las herencias”? 164 impuestos a todo lo demás. Y esto sin olvidarnos de la madre de todas las batallas: la mentira tributaria, el ocultamiento.

El IVA lleva su nombre por Impuesto al Valor Agregado. Nació en 1973 para reemplazar a los impuestos a las rentas y a las actividades lucrativas y se fijó en 13%, pero no tocaba ni a los alimentos, ni a las bebidas ni a los materiales de construcción. En 1978 le agregaron un par de rubros más. Para 1986 se lo llevó a 18% y se amplió la base tributaria. En 1988 se sumaron más rubros, en 1989 lo mismo, en 1992 ídem. En 1995 pasó a 21% de forma temporaria, un par de meses después se prorrogó la temporalidad hasta que en 1997, por Decreto, quedó establecido el 21% ya sin hablar de tiempos.

Hoy, la definición de “Valor Agregado” queda tan desdibujada que pagan los servicios de streaming del exterior. O sea: el Estado Argentino no interviene en ningún eslabón de la cadena de valor de una serie o película que se transmite por alguna plataforma, pero nos cobra un impuesto al Valor Agregado que nadie le dio.

En 1991, se estableció “excepcionalmente y por nueve años” un impuesto a los Bienes Personales con una base imponible de 100 mil dolares. Van 31 años y no solo lo la base se redujo a un tercio sino que ya nadie discute la excepcionalidad a tal punto que inventaron otro impuesto a “las grandes fortunas” por única vez…que de nuevo no fue única.

En 2001 se crea el impuesto al cheque que debía caerse el 31 de diciembre de 2002. No es que se prorrogó así no más: todos los años debe llevarse a cabo una prórroga y nadie la discute. ¿Quién se animaría a sacar el impuesto a las transacciones bancarias más alto de Sudamérica si representa el 10% de la recaudación? Ni siquiera hay que buscar referentes liberales: en Brasil fue eliminado por Lula Da Silva.

Y puede que ya lo tengan recontra asumido, pero el Monotributo nació en 1998 con un tope de facturación anual de 100 mil dólares para la categoría más alta. Hoy, con la última actualización, esa cifra llega a 30 mil –a dólar oficial y sin impuestos– antes de que te pasen a la categoría de gran empresario autónomo.

Que 30 mil dólares nos parezca de todos modos una fortuna habla de todo lo que nos hemos empobrecido en estos años en los que lo único que han aumentado son los pobres y los impuestos, tanto en cantidad como en monto.

La política argentina nos cuesta carísimo y no solo lo hemos naturalizado, sino que nisiquiera podemos dimensionarlo.

El gasto público de la República Argentina en todos sus niveles –Nación, provincias, municipios– supera al 40% del Producto Bruto Interno. De cada diez pesos que gasta el Estado, más de tres son para pagar sueldos públicos, otros tres se van en jubilaciones y pensiones. Para dimensionarlo, solo a nivel Estado Nacional se destinaron durante 2021 $ 467.358.012.102 para el funcionamiento de la Administración Pública. Eso sin contar los $ 303.046.817.039 que se lleva Defensa y Seguridad. Obvio que, en proporción, esos gastos de mantenimiento y sueldos quedan muy, demasiado lejos del grueso del gasto del Estado nacional que son los servicios sociales –en pesos un 5.5 seguido de doce ceros–, pero no por eso podemos decir que la administración nos sale una ganga.

A esos números les tenemos que sumar los provinciales. El congreso de Buenos Aires, por ejemplo, acaba de aprobar un presupuesto 2022 de 3.100.000.000.000 de pesos. Para hacerla completa, ya que tomamos el ejemplo bonaerense, vayamos a un municipio: La Matanza tiene un presupuesto 2022 de 29 mil millones de pesos.

Y sí, es cierto que no todos los municipios tienen el tamaño de La Matanza. La Plata fijó su presupuesto en 27 mil millones de pesos, General Pueyrredón lo hizo en 36 mil millones, y así.

También es cierto que no todas las provincias tienen el tamaño de Buenos Aires. Pero vamos: Córdoba aprobó un presupuesto de 753 mil millones de pesos, unos 200 mil millones más que el ejercicio pasado. Con una población de 400 mil habitantes, la provincia de Catamarca aprobó un presupuesto de 208 mil millones de pesos, prácticamente el doble que el año pasado. Sí, para ellos la inflación fue del 100%. Son 23 provincias y una Ciudad Autónoma que aprobó un presupuesto de 944 mil millones de pesos.

Y mejor no les cuento lo que cuesta la Justicia en cada una de sus variantes.

Hay 329 legisladores nacionales con sus decenas de asesores. Existen, además, 1.119 legisladores provinciales y 1.298 intendentes repartidos por el país. Solo en la provincia de Buenos Aires hay 2.150 concejales para los 135 municipios. Ni saqué la cuenta del resto de los cuerpos legislativos municipales de la Argentina, pero pueden ver que el negocio es tentador.

Al listado de arriba hay que sumarle los aparatos internos de los distintos poderes ejecutivos del país. Solo a nivel nacional existen 21 ministerios, 109 secretarías, 218 subsecretarías y más de dos mil direcciones y coordinaciones. Y todas con su respectiva dotación de personal, insumos y gastos varios. Ni me caliento en sacar las cuentas con cada una de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma porque me pego un tiro en la entrepierna: 23 gobernadores y un Jefe de Gobierno, cada uno con su gabinete de ministros y secretarios, más la planta de gabinete y los asesores.

La política ha convertido el mecanismo para elegir a los elegibles en un pujante negocio. Según la Dirección Nacional Electoral, en 2021 se habilitaron 230 partidos políticos para competir. No, no dije 230 candidatos; partidos.

Muchísimos partidos no presentan candidatos propios desde las elecciones que consagraron presidente a Carlos Pellegrini, pero siguen en funciones gracias al alquiler. O sea: prestar el sello partidario a candidatos que no tienen espacio en sus partidos, o que no tienen estructura en algunos distritos. El negocio es win-win, dado que el interesado consigue un espacio con el cual competir y el partido político que nadie recuerda sobrevive una elección más. Es lo que vulgarmente llamamos «los sellos de goma».

Y como es el Estado el que tiene que financiar a los partidos políticos, cada uno de estos 230 partidos cobran un proporcional cada año electoral. Partidos que ni sabemos que existen, lugares donde se presentan 66 candidatos para tres bancas y un largo devenir de pelotudeces difícil de dimensionar.

No tenemos temporadas de huracanes ni de ciclones todos los años, hay un terremoto de vez en cuando, no estuvimos en guerra en las últimas casi cuatro décadas, no tenemos guerra civil, no hay conflictos genocidas, no tenemos una hipótesis de guerra inminente ni riesgo de ser invadidos por ninguno de nuestros vecinos. Por esto y por todo lo que viene a cuenta, no espero ni quiero que ningún político pretenda arreglar nada. Está claro que alcanza con que dejen de querer arreglar las cosas.

Y si en el medio pueden permitirme vivir sin quedarse con la mitad de lo que hago para financiar un aparato que solo me pone trabas, mejor.

Sobre el estribo. Mientras disfrutamos los discursos de los novísimos diputados liberales, les tiro una: obliguen a que los comercios deban exhibir los precios con y sin impuestos. En cuanto el primer boludo tome un paquete de galletitas y al llegar a la caja tenga que pagar el doble de lo que vio en góndola, estalla la revolución.

 

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